11.000 empleados de la Junta, a la expectativa de volver a las 35 horas cuatro años después

Delegación de la Junta en Salamanca.

Los sindicatos ponen sobre la mesa abandonar la jornada de 37,5 horas, reivindicación de los trabajadores. La Junta no lo ve claro: afloraría el déficit de personal que las centrales calculan en 5.000 personas.

Este sábado, día 2 de abril, se han cumplido cuatro años desde que los cerca de 85.000 empleados públicos de Castilla y León, unos 11.000 de ellos en Salamanca, sumaron a su horario laboral dos horas y media por semana para pasar de las 35 a las 37,5 horas; se fue aplicando progresivamente, pero aquel día un buen número de ellos ya tenían en sus relojes las 2,5 horas extra. Esa fue una de las principales medidas de un decreto promulgado a principios de 2012 y con el que la Junta se ajustaba el cinturón para ahorrar unos 136 millones de euros al hilo de las exigencias del Ministerio de Hacienda.

 

Cuatro años después la posibilidad de volver a las 35 horas parece lejana, pero ya está sobre la mesa. Según CCOO, el objetivo es recuperar todos los derechos perdidos entonces, recortes que por decreto tenían fecha de caducidad marcada: cuando la economía diera signos de recuperación. Sobre el papel, ya se dan las condiciones y fuentes del sindicato han confirmado que se ha empezado a negociar con la Junta para revertir todas las medidas excepcionales que se tomaron.

 

Sin embargo, no va a ser fácil. La Junta se escuda, por el momento, en que el decreto que Hacienda promulgó en 2012 todavía no se lo permite. El Gobierno no ha dado ningún paso para volver a la jornada de 35 horas y, mientras esté en funciones, no lo va a hacer. Los cálculos de los sindicatos dicen que volver a la jornada anterior generaría un déficit de 5.000 puestos de trabajo que habría que cubrir si se quiere alcanzar para prestar todos los servicios que ahora se dan gracias al exceso de 2,5 horas/semana.

 

No obstante, es la misma situación que se produjo con la devolución de la paga extra, que inicialmente recuperaron sólo los empleados de la administración central, pero el Gobierno tuvo que permitírselo al resto de las administraciones ante la presión por el trato desigual que suponía.

 

Además de la vuelta a las 35 horas semanales y la paga extra, que se ha recuperado al 75% (la cuarta parte restante se espera para antes de mayo), los recortes incluían otras cuestiones. Ya se consiguió recuperar los días de permiso vinculados a la antigüedad, los denominados 'canosos'.  También se ha paliado la pérdida de poder adquisitivo por la congelación salarial, con una subida del 1% para este añoPero hay que seguir con otras cuestiones.

 

 

BAJAS Y PLANTILLA

 

El decreto eliminó la cobertura del 100 por 100 del salario en caso de baja por enfermedad; se quedó en un 50% para los cuatro primeros días y el 75% hasta el vigésimo día. Las únicas excepciones, las enfermedades laborales y oncológicas y las situaciones en las que media hospitalización o intervención quirúgica.

 

Una de las reivindicaciones más importantes de los sindicatos es volver a llevar a cabo una oferta de empleo público con nuevas plazas. Según sus cuentas, ahora mismo harían falta 5.000 incorporaciones para compensar las bajas que no se han cubierto en los últimos años. En materia de personal también se vuelven a convocar concursos de traslados y se llevará a cabo la implantación de la carrera profesional, pero todo ello desemboca en una revisión completa de la RPT.