Sáenz de Santamaría y Montoro han anunciado la pretensión de combatir penalmente a los despilfarradores públicos. Habrá que ver cómo acaba concretándose todo ello, pero por lo pronto, resulta inevitable formularse alguna pregunta, a la luz de lo que han sido actuaciones bien recientes en el propio enclave `popular´:

1. El PP y el PSOE, en diciembre de 2010, decidieron eximir a los gestores públicos de cualquier responsabilidad penal. Nadie les obligaba a hacerlo… pero lo hicieron. En aquellas fechas ya existía el precedente de Islandia (punto de inflexión a la hora de contemplar las responsabilidades penales de los mandatarios), pero sin embargo, los dos partidos mayoritarios decidieron la aludida exención. Exención que también proyectaron sobre partidos políticos y sindicatos. ¿Son coherentes aquellos movimientos con la voluntad que pregona hoy el PP?

2. El PP gobierna desde hace años en CC.AA. que, desde luego, no se han caracterizado por su austeridad presupuestaria. Si al PP le preocupa el endeudamiento autonómico, ¿no podría haber emprendido algunas tareas incluso antes de que accediese al Gobierno de España? ¿No cabría esperarlo así de un partido que aspire a ser responsable? Si el PP en verdad pretende poner a buen recaudo a las autoridades que dilapidan, ¿por qué no comenzó con apartar a sus propios manirrotos?

Por ejemplo. Las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana son un auténtico destrozo. No estamos ante un rumor ni ante una hipótesis: estamos ante un hecho absolutamente verificable, que se puede constatar hoy como se podía ya constatar el año pasado. Pues bien. El PP (el mismo PP que hoy hace rasgamiento de vestiduras ante los malos gestores) volvió a presentar a Camps en las elecciones del pasado mayo.

En resumen. El PP vende ahora con desparpajo una iniciativa… ante la que no ha mostrado ningún celo este tiempo de atrás. La tentación palabrera así acostumbra a proceder. Si del dicho al hecho existe trecho, del `no hacer´ al dicho a veces apenas hay distancia. Existe, eso sí, artificio.

Por eso este artículo pretendía contemplar el malabarismo con la palabrería… no con la palabra. La prestidigitación con la palabra nos sitúa ante la literatura o ante cualquier otra modalidad de comunicación persuasiva. Y hay comunicación persuasiva, faltaría más, que no tiene por qué ser simulacro, ni ocultación, ni engaño, ni enmascaramiento, ni pose, ni pamplina. El `palabrerismo´ sí, he ahí la diferencia.

Coda: Sintetizo a continuación la postura de UPyD sobre esos mandatarios que (fruto de su negligencia, irresponsabilidad y dolo) dejan a la ciudadanía como herencia la mojama. UPyD pretende tipificar “la mala gestión dolosa” de aquellas autoridades y cargos que han dejado las arcas públicas hechas unos zorros. Varios puntos de su programa electoral ya caminaban en esa dirección:

(a) que no se vayan de rositas quienes hayan finalizado su mandato, y “hayan ocultado deudas o impagos del órgano o administración de la que fueran responsables” (punto 325);

(b) que se tipifique un “delito de administración desleal”, para así pasar factura a aquellos irresponsables-lumbreras-iluminados que han tomado “decisiones susceptibles de haberse evitado con la diligencia mínima exigible a su cargo” (punto 316);

(c) que se modifique el Código Penal para que los partidos políticos, como los sindicatos, “puedan ser penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de los mismos o en su provecho por sus miembros y cargos” (punto 326).

@o_sanchezalonso