Hoy vuelve a Salamanca el consejero de Educación y a Juan José Mateos habrá que preguntarle por la necesidad de otra universidad en Castilla y León. En una comunidad que, como él mismo ha reconocido muchas veces, está pidiendo a gritos una reorganización del sistema de estudios superiores. En nuestra región, como en el resto de España, se acusa el exceso de oferta y parecía que había llegado la hora de poner orden y rediseñar el mapa de titulaciones.

Ahora a las cuatro universidades públicas y otras tantas privadas con las que contamos quiere sumarse una nueva que se pone los apellidos de Internacional de Castilla y León y cuya sede se ubica en Burgos. Un grupo de empresarios le han visto rentabilidad al negocio de expedir títulos sin reconocimiento oficial. Eso llegará, si llega, cuando cumplan los parámetros de calidad que se exigen. De momento el proyecto se anda tramitando en el Parlamento regional y el Gobierno de la Junta está por la labor. Habrá que preguntarle también al consejero qué de bueno nos traerá esta universidad privada. Y si hay hueco para más en una región en la que queda claro que puede resultar ideal para sacarse un título universitario y fatal para encontrar una salida laboral.

Hablan de unos 40.000 jóvenes sólo en la última década. Jóvenes de Castilla y León que han tenido que hacer la maleta y buscarse la vida fuera de aquí para encontrar un trabajo. Esta región parece que no da para más. Aquí se forman, y bastante bien, según algunos informes como el último PISA. Aquí pueden encontrar un buen destino para realizar sus estudios superiores pero para realizar la otra carrera, la laboral, no tienen más opción que poner tierra de por medio.

El pasado miércoles en el pleno de las Cortes se daba paso al proyecto de ley que autoriza a la que se quiere presentar como Universidad Internacional de Castilla y León. Eso después de rechazar la petición que hicieron los socialistas para descartarla por suponer un riesgo para el sistema universitario regional.

Al PP, que le ha dado el visto bueno, le basta con considerar que el proyecto cumple los requisitos que exige la ley y con destacar que potenciará el aprendizaje on-line y así no entrará en competencia con otras instituciones académicas de la Comunidad.

No lo ven así los cuatro rectores de las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. A través del Consejo que las agrupa han emitido un informe en el que dejan muy claro que la demanda de estudios ya está cubierta, que las materias que impartirán se encuentran en el mapa de titulaciones y que lo de on- line no es ninguna novedad. Su postura es la lógica defensa de los intereses que representan pero coinciden con otras muchas opiniones autorizadas. Estamos acusando las consecuencias de un tiempo en que se abrieron universidades casi como kioscos y el camino que se emprende va en otra dirección.

También se han posicionado en contra sindicatos como Comisiones Obreras o el sindicato de trabajadores de la enseñanza de Castilla y León. Lo consideran una provocación en estos tiempos de crisis y graves recortes que hará que se suspendan, aplacen o ralenticen programas o inversiones. Por eso saber que sí hay financiación para construir el edificio de I+D+i de la calle Espejo o que el Centro de Investigación del Cáncer contará con una dotación adicional de más de un millón de euros sí son buenas noticias.