e. s. c.

Ante una situación que consideran un agravio comparativo, los alumnos reclaman que la duración de este posgrado pase a 60 créditos, para equipararse a la mayoría de másteres.En este sentido, recuerdan que si un alumno de las antiguas licenciaturas no acaba la carrera antes de la entrada en vigor de la norma se verá obligado a estudiar el máster de dos años, con lo que se “establecerá una diferencia incomprensible” con los titulados “de ese mismo plan de estudios”, que podrían acceder a la abogacía sin realizar ese posgrado.

Ayudas económicas
Asimismo, solicitan “becas especiales y precios públicos” para afrontar el coste de esta formación obligatoria, “que no sabemos todavía a cuánto asciende”, denuncia Rodríguez. También reivindican que la nueva norma fije un “porcentaje mínimo de asignaturas de Derecho” que se deben cursar para ejercer como abogados o procuradores, con el fin de evitar que cualquier titulado de otras carreras que incluyan nociones jurídicas pueda entrar en la profesión. De igual modo, defienden que la norma aplace su entrada en vigor hasta 2013, con el fin de que la ley cuente con un reglamento que determine si la prueba obligatoria para acceder a la abogacía “es de carácter técnico o práctico”, subraya Rodríguez.

Los estudiantes de todo el país opuestos a la nueva norma seguirán protestando, “hasta que se nos escuche”, explica la portavoz de los alumnos de la Usal, quien avanza que intentarán mantener un encuentro con los ministros de Educación, Ángel Gabilondo, y de Justicia, Francisco Caamaño.

Para mañana, viernes, todos los alumnos universitarios afectados por la ley mantendrán una reunión de ámbito nacional en Madrid para hacer balance de las medidas de presión realizadas hasta el momento y definir los próximos pasos para el futuro.