Alejandro R. L.

El Consistorio tiene previsto actualizar el próximo mes la ordenanza aprobada hace un año y medio que regula la obligada inspección de edificios en la capital con una antigüedad superior a 40 años (contabilizados desde el momento en el que fue expedido el certificado final de obra hasta la solicitud de revisión), atendiendo al contenido de la legislación urbanística en vigor en Castilla y León. De esta manera culminará una serie de trámites laboriosos que se han prolongado durante meses rebasando el plazo concedido, aunque aún resta la exposición al público del documento para que sea efectivo el contenido.

El Ayuntamiento estima (cálculo conservador) que el padrón de inmuebles en la ciudad ronda los 7.000 (el Colegio de Arquitectos apunta a unos 12.000), mientras que planea empezar este año las actuaciones por los edificios ubicados en el casco histórico en oleadas de 50 a 100.

Las comunidades de vecinos tendrán que sufragar el coste de la ITE (Inspección Técnica de Edificios) o el Ayuntamiento, que posteriormente pasará la factura, aún por definir por parte del equipo de Gobierno municipal, aunque anuncia que uno de los baremos para establecer la cuantía será el volumen del inmueble en función del número de viviendas (en el caso de las iglesias u otros edificios históricos y en colegios, se medirán los metros cuadrados), la altura, la antigüedad o la cantidad de revisiones necesarias para certificar el estado de conservación. Sirva como cifras orientativas las que ha fijado recientemente el Consistorio de Córdoba, porque la ordenanza del municipio contempla que la revisión por parte de los técnicos exigirá un desembolso, como mínimo, de 400 euros por vivienda.

Según la Ley de Urbanismo de Castilla y León, los propietarios de terrenos y demás bienes inmuebles deberán mantenerlos en condiciones de “seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad según su destino, realizando los trabajos precisos para conservar o reponer dichas condiciones”. El coste de las obras que se deriven de las obligaciones establecidas en el artículo 8 del texto corresponderá a los propietarios, salvo cuando la normativa en cuestión disponga que sea sufragado de manera íntegra por la Administración pública o por las empresas concesionarias de servicios públicos.

En suma, los propietarios de construcciones deberán promover su inspección por facultativo competente, para supervisar su estado. El resultado de la inspección se consignará en un certificado, indicando los desperfectos apreciados y las medidas precisas para subsanarlos. El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el último certificado, y en su ausencia realizar la inspección de oficio, a su costa.

Los edificios deberán someterse a una primera inspección técnica dentro del año siguiente al que se cumplan 40 años desde la fecha de terminación de la obra en la capital, y, en adelante, cada diez años desde la revisión inicial.