A. R. L.

El Consistorio espera completar la expropiación de las casas de la muralla (ubicadas bajo el Huerto de Calixto y Melibea) en junio para proceder al derribo de las viviendas restantes.

Mientras, los técnicos municipales elaboran un proyecto de acondicionamiento de la zona, que contempla espacios verdes y una glorieta de forma ovoide en la confluencia de la avenida Reyes de España con la calle de San Pablo y el paseo del Rector Esperabé.

En pleno proceso para lucir el lienzo de la muralla en el acceso sur de la ciudad, el Consistorio requerirá al Ministerio de Hacienda –titular de la fortificación– un proyecto de recuperación de la muralla de la ciudad o Plan Director para ejecutar por fases.

Cabe recordar que el presupuesto municipal incorpora un remanente de 1.088.175 euros para expropiar un inmueble y el piso del otro que resisten al mordisco de las máquinas con los números 31-33 y 35-37 del paseo del Rector Esperabé en la puerta de acceso.

La suma prevista se desglosa entre 950.447 euros destinados para rematar la adquisición de uno de los inmuebles y 137.728 euros para expropiar un piso del contiguo, última gestión del Consistorio y enquistada desde hace años de tal manera que tendrá que pronunciarse al respecto un Comité Territorial de Valoración.

Una vez que salve este trámite el Ayuntamiento podrá sacar a concurso público el derribo de las viviendas mediante una cantidad de 200.000 euros consignada en el presupuesto, el mismo proceso materializado en los últimos meses del año pasado y no exento de polémica, nueve años después del desprendimiento (4 de junio de 2000) de una parte del lienzo de la muralla que obligó a los vecinos a desalojar las viviendas previa indicación de la Policía Local ante el riesgo de derrumbe en la zona.

Sobre aquellos hechos, el ex concejal de Urbanismo Jesús Encabo, el concejal de Economía del Ayuntamiento, Fernando Rodríguez, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando Pablos, declararon a inicios del mes en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Salamanca ante la demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta por parte de la familia del último propietario.