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Tras los Cristales

Antonio Casas
@casassimon

El chorro

El chorro que usará la policía para disolver manifestaciones es un símbolo de lo que esconde la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que no es otra cosa que un intento de acallar las voces de quienes protestan por una merma en su dignidad. 

El Ministerio del Interior, según el BOE, va a adquirir un camión especial que contiene un depósito de agua que es expulsada con mucha presión. ¿Y para qué? Pues para disolver manifestaciones. La policía tiene cuatro de esos camiones ya, que no se usan desde hace más de 20 años, pero a pesar de ello se gastará casi medio millón de euros en uno nuevo.

 

Este hecho coincide en el tiempo con el debate de la Ley de Seguridad Ciudadana que está ocupando muchas páginas de periódico y supone una amenaza a las libertades ganadas durante mucho tiempo. Y es así porque pone trabas a los ciudadanos para manifestarse, protestar y expresar en público, de un modo colectivo, aquello que a la sociedad más le preocupa actualmente.

 

Y ahora bien, ¿realmente hay un problema de seguridad ciudadana en España? Esta es la primera manera de analizar este hecho, y la respuesta es fácil. No existe tal problema. El gobierno quiere amordazar a quienes protestan para que, sencillamente, no lo hagan. Y la muestra son las desproporcionadas sanciones económicas, ya que si alguien protesta por que no tiene trabajo, difícilmente va a poder pagar tales sanciones. A partir de ahora una práctica tan democrática como la de la protesta estará al alcance de quien pueda pagarla.

 

Y en segundo lugar cabe preguntarse a qué teme el gobierno si es obvio que no hay un problema de seguridad ciudadana. Pues sencillamente porque la protesta es el único arma que tiene el débil. Unirse, hacerse ver y, sobre todo, hacerse oír. El control del estado de ánimo parece una obsesión de la derecha, y el estado de ánimo no se puede amordazar porque, sencillamente, es imposible.

 

El gobierno viste con las palabras “seguridad ciudadana” lo que realmente esta norma es. Esta ley es un atentado contra las libertades, es retroceder cuarenta años, es trasladarnos a otros países menos avanzados donde quienes lo gobiernan no confían en sus ciudadanos, y sobre todo, es propia de un gobierno que teme las protestas ante actuaciones con las que son conscientes que están atentando contra la dignidad de las personas. 

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