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La anomalía

Antonio Moreno
Lo que no podemos permitir

Una cuestión de orden: Primero, los impuestos; después el crowdfunding

Reconozco que fue el reciente anuncio del Museo del Louvre de recurrir al crowdfunding para restaurar la Victoria de Samotracia, lo que disparó ya todas las alarmas.

El crowdfunding, que dicho así suena muy moderno, pero que no es otra cosa que la tradicional financiación por cuestación o suscripción popular y que también podría llamarse financiación o microfinanciación colectiva o, incluso, micromecenazgo, volvió a ponerse de moda inicialmente para financiar proyectos culturales “marginales”, “alternativos”, “novedosos” o, simplemente, que habían quedado fuera del circuito de la financiación o subvención pública. Pero se trataba siempre de iniciativas privadas, de pequeños proyectos que necesitaban pequeñas ayudas para llevarlos a buen término. Nunca se pensó para iniciativas públicas, ni para grandes obras, ni para proyectos o creaciones culturales ya consolidados o de indiscutible prestigio o valor reconocidos. Es decir, no para la Victoria de Samotracia y no para el Museo del Louvre.

 

Sin duda, algo estaba fallando aquí. No encajaban los datos. Porque la iniciativa no podía tampoco legitimarse como campaña de concienciación o de reconocimiento público del valor de una obra, que es la única justificación posible para que las instituciones públicas realicen este tipo de propuestas, porque la Victoria de Samotracia posee un lugar emblemático en el Louvre y de un reconocimiento en el imaginario de los visitantes solo por debajo de la Gioconda.

 

Así que para el siguiente envite ya no quedaban alarmas que saltar. Porque la propuesta de la Presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE), Almudena de la Calle de recurrir a donaciones privadas para financiar fondos de solidaridad para estudiantes sin recursos está por encima ya de la gota que colmó el vaso. Sobre todo, por el respaldo que ha obtenido por otros rectores tan significados como el de la Universidad Complutense de Madrid.

 

No me cabe ninguna duda sobre no la buena sino la buenísima intención que anima la propuesta. La implicación emocional queda atestiguada con el relato conmovedor de que la idea surge de una llamada a la Rectora de la Universidad de Málaga de una pensionista queriendo destinar parte de su pensión para ayuda a estudiantes. Se trata de una iniciativa solidaría, sostiene Almudena de la Calle, semejante a la de “apadrina a un niño”.

 

Creo necesario remitir al artículo “Se busca padrino para estudiante pobre” de Enrique Díez, que aporta datos sobre los recortes en educación, la indefensión moral y las falsas alternativas a las que fuerza, y valora los efectos indeseables que suponen de la intervención privada en las universidades públicas, reflexiones muy interesantes y compartidas, que complementan las notas de este artículo.

 

Lo que a mi juicio tienen de más sorprendente y cuestionables estas iniciativas es que rompen el marco general del pacto social básico y nos pretenden situar en otro momento que carece de legitimidad y al que es más que dudoso que la mayoría social desee volver o retrotraerse. Se trata de romper los acuerdos, el marco legal escrito y volver a la prehistoria donde, sin un marco normativo acordado por escrito, todo vale. Es éste, el del lugar de lo público y lo privado, a día de hoy uno de los grandes debates democráticos que no pueden hurtarse a la ciudadanía con meras elecciones de nombres y partidos. 

 

La pregunta que permite centrarlo es sencilla: ¿No teníamos ya para esto los impuestos? ¿No habíamos decidido ya sostener los servicios públicos que garantizasen los derechos ciudadanos básicos con nuestros impuestos? Si ahora esto no es así, deberíamos exigir un debate en profundidad y no adoptar medidas sin duda bientencionadas, pero que se alejan del marco legal de los derechos para introducirnos en la prehistoria de una caridad a la que ahora encomendamos todo. Si no hay recursos públicos suficientes, como constantemente nos pretenden hacernos creer, la urgencia política es acometer una reforma fiscal que garantice la suficiencia financiera del estado para cubrir los servicios básicos. Y, a veces sin más, haciendo lo más revolucionario, que es que se cumpla la ley, persiguiendo el fraude fiscal, los paraísos fiscales y el complejo sistema de ingeniería financiera de las grandes empresas para conseguir legalmente deducciones. No es sostenible que los grandes empresas del IBEX operen mayoritariamente desde paraísos fiscales ni lleguen a cotizar realmente por encima del 12% de sus beneficios, cuando deberían hacerlo al 30%.  Donde acaban los impuestos con los que sostener los servicios y los derechos básicos, se abre entonces el enorme campo del crowdfunding y el mecenazgo privado, pero no antes.

lanomalia.blog@gmail.com

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