Antonio moreno original

La anomalía

Antonio Moreno
Lo que no podemos permitir

Qué y cuánto estado queremos

A estas alturas de la historia, empieza a estar cada vez más claro que esta crisis es una enorme estafa (en expresión que ha hecho famosa Alberto Garzón), que está siendo utilizada como excusa para desmantelar los servicios públicos y los derechos sociales conseguidos.

No hacía falta que el rey Guillermo de Holanda, en un discurso redactado por el gobierno, declarase cesante el estado del bienestar. En Holanda, cuyos servicios sociales sí merecían ese nombre comparados con los de España, la coalición  de centroizquierda en el gobierno ha reconocido que el estado no tiene recursos suficientes para cubrir las necesidades sociales de su población y propone sustituir la ayuda pública por solidaridad privada. Vamos, a desentenderse de su responsabilidad social, su mandato constitucional y su compromiso social para dejarlo en manos de los particulares. En  neolengua, se trata de pasar de un sistema de “solidaridad indirecta”, en el que el ciudadano tiene cubiertas sus necesidades a través de los impuestos, a depender de la beneficencia y la caridad, pero que ahora pasa a llamarse “solidaridad directa”, que suena mucho mejor.

 

En España, sin que nos lo hayan tenido que decir así de claro, ya nos habíamos percatado. Los recortes en sanidad, educación, servicios sociales, desempleo, etc. que nos han vendido como “reformas estructurales” necesarias para lograr la “consolidación fiscal” y que no han hecho otra cosa que empobrecernos, aumentar la desigualdad y disparar la deuda, no son temporales y reversibles, sino que son permanentes y definitivos. Que nadie espere a volver a niveles previos a la crisis, si nos empeñamos en no ver más salida que la que nos ofrecen. La precariedad, la inseguridad, la temporalidad, los rebajas salariales y la falta de perspectivas han venido para instalarse entre las clases trabajadoras tan solo para satisfacer la codicia sin límite de las clases dirigentes. Las previsiones sobre empobrecimiento y desigualdad creciente que acabamos de conocer de Intermon Oxfam para España y Europa son estremecedoras. Pero aquí seguimos erre que erre con más y más recortes.

 

Y ahora le ha tocado a los pensionistas que, en la nueva reforma auspiciada por el PP, verán recortados sus ingresos en cerca de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022, aunque nos quieran decir que no se trata de un recorte, sino simplemente de un “ahorro” en la cuenta de la seguridad social. Porque la desvergüenza de algunos como la codicia tampoco tiene límites.

 

Y es que llevan tanto tiempo empeñados en “adelgazar” como sea y a toda a costa al estado que lo han dejado tan escuálido que ya no tiene recursos para “cuidar” y “proteger” a sus ciudadanos. Ya solo tiene cabida en él la magra estructura policial y propaganda que legitime la avaricia de los poderosos. El resto resulta superfluo.

 

¿Cómo es posible de otra forma entender, por ejemplo, que 33 de las 35 empresas que cotizan en el IBEX operen a través de paraísos fiscales, sin que sus responsables sean acusados y condenados por piratería, fraude fiscal y delito continuado de lesa ciudadanía, por no decir humanidad? ¿O que esas mismas grandes empresas, pese a tener que pagar por el impuesto de sociedades un tipo nominal del 30%, el tipo efectivo que paguen (de forma totalmente legal, por supuesto) no llegue al 12%, lo que significa que la hacienda pública (esa que somos todos) haya dejado de recaudar más de 6.000 millones de euros anuales? ¿O que también ahora hayamos sabido por un informe de la UE que el agujero fiscal por IVA, es decir, lo que no llega a recaudarse pero que sí debería supone solo en España 15.000 millones de euros y en toda Europa más de 200.000 millones, que se dice pronto?

 

Con este nivel de “eficacia” fiscal y esta “desviación” creciente de recursos públicos a unas pocas manos privadas, no es de extrañar que no queden recursos para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Pero, un reconocimiento tal, explícito como en Holanda o implícito como en España, deslegitima a los gobernantes para seguir gobernando en un estado que ha perdido su razón de ser.

 

Resulta, por tanto, imprescindible un debate sobre qué estado queremos y cuánto estado es necesario para garantizar los derechos sociales. Pero un debate serio. Para que no ocurra como en Castilla y León que la Consejería de Educación pretenda asumir competencias de la sociedad civil como con el programa “Releo” de intercambio de libros en las escuelas, pero tampoco para que se crea que los servicios sociales pueden ser sustituidos por el demagógico programa “Entre todos” de la 1.

lanomalia.blog@gmail.com

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