Antonio moreno original

La anomalía

Antonio Moreno
Lo que no podemos permitir

Parar la LOMCE, garantizar el futuro

“Pero, ¿qué sabe de agricultura un ministro de agricultura?” era, creo recordar, una de las muletillas que hicieron famosa Tip y Coll hace unas décadas. Pregunta, que bien podría generalizarse a otros ministerios. En el caso de España, no nos cabe duda: El señor Arias Cañete no sabemos si sabe mucho de agricultura o no, lo que sí es claro es que tiene importantes intereses y es el “hombre de confianza” en el gobierno de importantes lobbies con amplios y variados intereses. Su caso puede resultar más escandaloso que los ejemplos que suelen ponerse de “puerta giratoria” entre empresas privadas y sector público: Aquí simplemente ha desaparecido la puerta. Si no, resulta muy difícil entender la amnistía inmobiliaria, el atentando a los intereses públicos y a eso que suele llamarse conservación del medio para las generaciones futuras, que ha significado la reforma de ley de costas aprobada la semana pasada. Sencillamente, un acto de enaltecimiento del terrorismo medioambiental y una bomba de destrucción masiva contra nuestras costas. 

Por eso, cuando la semana pasada, tratábamos de convencer a nuestros compañeros para que secundaran la huelga de enseñanza, el asunto de fondo era lo irreversible de los daños que la política partidista del PP estaba ocasionando. En la costa, parece innegable. Más dudas nos generaba en la educación. Sobre todo, porque existía una confianza en que un futuro cambio de gobierno y la consiguiente retirada inmediata de la LOMCE (como ya ocurrió antes con la LOE) podría regenerar o paliar el estropicio. Pero, a juzgar por las últimas encuestas de estimación de voto, no parece que esa sea una expectativa razonable.

 

Tenemos la generación mejor formada, que estamos condenando a que se pierda o que busque su vida fuera del país, y tenemos también la mayor tasa de abandono escolar, cercana al 30%, una de las consecuencias no colaterales sino directas del boom inmobiliario, ya que la absorción del mercado laboral de trabajadores no cualificados durante ese periodo y la llamada del dinero fácil, fueron el reclamo para abandonar la formación.

 

Así, mucho me temo, que la LOMCE, si no conseguimos detenerla, deparará consecuencias profundas y duraderas, que serán más irreparables e irreversibles de lo que ahora podemos calcular.

 

En primer lugar, porque esta ley fija como definitivos y ahonda los recortes educativos, tanto en plantilla, horarios e inversión pública. Si llegamos al 5% del PIB en 2009, la inversión en educación se redujo al 4,3% 2012 y se prevé que llegué al 3,9% en 2015. Toda una declaración de intenciones. No se trata de que no haya dinero. Se trata, como ha repetido el ministro Wert, de entender que los recortes garantizarán la mejora de la calidad: Como no está demostrado que el aumento de la inversión garantice el aumento de calidad, la “racionalización del gasto”, que es como se llaman los recortes, sí la traerá. Que el argumento es falaz, lo sabe cualquiera que no sea ministro de educación. Lo digo, porque los malos estudiantes lo aplican a diario: “Como estudiar no garantiza el aprobado, lo mejor, es no estudiar, a ver si así apruebo”. Y así les va.

 

Pero, en segundo lugar, la calidad no se logra ni con la segregación temprana, ni con los controles externos (reválidas). En educación, siempre se ha tratado de evaluar para aprender y, solo quien no ha entendido esto, cree que puede invertirse el proceso y centrarlo en la evaluación: quien solo aprende para un examen, puede superar el examen, pero degrada su aprendizaje.

 

En tercer lugar, esta reforma obedece simple y llanamente a la voluntad partidista de marcar la educación con su sello ideológico. Quienes consideran que no es posible que cada cambio de gobierno signifique un cambio educativo, que acumulamos ya más leyes educativas en un decenio, que Finlandia en un siglo, que se requiere un consenso mínimo en educación, no puede aceptar el único argumento que esgrime el PP: que ahora le toca a él cambiarla.

 

En cuarto lugar, esta ley rompe definitivamente un consenso social más fuerte que el constitucional en favor de la enseñanza comprensiva. Se trata de evitar que los alumnos realicen opciones irreversibles en edades tempranas y que la educación mantenga un núcleo enseñanzas comunes hasta los 16 años, como garantía de  lucha contra la desigualdad y mejora de oportunidades para los más desfavorecidos, es decir, de cohesión social y convivencia democrática. Que la enseñanza comprensiva es pedagógicamente posible y políticamente deseable lo confirma a diario el modelo finlandés, con su insistencia en la formación del profesorado, los apoyos continuados a los alumnos con dificultades y la apuesta por la enseñanza pública, laica y gratuita. Que el modelo requiere mayor inversión pública, lo sabe hasta el propio ministro Wert. Pero ellos ya han reservado para sus hijos una escuela privada, exclusiva y excluyente, que les pagamos todos. El resto sabemos que la educación pública es la única garantía de futuro y que los recortes provocarán daños irreparables, que tenemos que evitarlo y que juntos podemos.La movilización y la huelga del 9 de mayo ya han logrado el aplazamiento de la LOMCE. Queda por delante su retirada definitiva.

lanomalia.blog@gmail.com

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