Antonio moreno original

La anomalía

Antonio Moreno
Lo que no podemos permitir

No es la comida, es la propiedad

Ha bastado simplemente que saltase a primera plana unas acciones simbólicas del SAT en unos supermercados en Sevilla para que La Gaceta de Salamanca descubriese que existe en esta localidad una formación política llamada Izquierda Unida e incluso le llegue a dedicar toda una página. Algo verdaderamente insólito y que debería dejar constancia en los anales, porque tardará mucho en volver a ocurrir, ya que esta publicación periódica, a la que no se sabe por qué alguno podría considerar un medio de comunicación, no atiende a intereses informativos o de actualidad, sino exclusivamente a los intereses económicos y políticos del grupo empresarial que la dirige.
Así que nadie espere un tratamiento objetivo del asunto, sino una tergiversación burda a la que acompañó otro día con una viñeta cocinada en viejos tópicos trasnochados y, cómo no, con una mención llena de descalificaciones a falta de mejores argumentos de un columnista a sueldo, prócer local para más señas, sin otro mérito conocido que haberse sabido arrimar siempre al árbol que más cobija.

Sin entrar en calificaciones y debates, que ya ha habido muchos, lo más sorprendente del asunto es el revuelo mediático que ha generado y la diligencia con que han tomado cartas en el asunto nada menos que dos ministros. Sin duda, tanto el gobierno como los grupos mediáticos de la derecha han sobreactuado, han magnificado el acto de protesta y han generado mayor alarma social y mayor publicidad de la que sin duda esperaban, tanto el SAT como Juan Manuel Sánchez Gordillo, Alcalde de Marinaleda y diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía.

No hace falta ser un experto jurista para comprender la escasa relevancia penal, si la tiene, de la acción de estos sindicalistas, así que la carga de la prueba y de la argumentación de quienes han condenado la acción sin matices han sido por este orden: 1. Reforzar el valor del orden social y jurídico (“no se puede en ningún caso incumplir la ley”), algo en lo que todos estamos de acuerdo en lo general, pero que luego los casos particulares están sujetos a mucha discrepancia; 2. Valorar la corrección legal y moral que no dudan en poner como ejemplo de quienes, en estado de necesidad, no están dispuestos a llevarse comida de los supermercados, sino a utilizar y recurrir únicamente a los recursos de los distintos servicios sociales y organizaciones humanitarias, que para eso están, y 3. Al margen de la responsabilidad política de un Alcalde y de un Parlamentario (entendiendo aquí por responsabilidad no tanto la asunción de las consecuencias, como “lo debido y exigido socialmente” al cargo), la tercera carga de la argumentación se centraba en la posibilidad de que se generalizasen este tipo de actos (“¿y si toda la gente hiciese lo mismo?”). De ahí, la importancia otorgada a esta reivindicación sindical y la exigencia de que el castigo fuese “ejemplarizante”, no tanto por la gravedad de la acción, sino para castigar en ella, injustamente como en todos los castigos ejemplares, las acciones futuras que otros podrían cometer.

Así que, no es por la comida, es por la propiedad. Porque el “derecho a la propiedad” es, para élites sociales, un derecho básico, primario y fundante que no puede ser, no ya violado, sino ni siquiera mínimamente puesto en entredicho. “Si no se respeta ya ni la propiedad, es que ya no se respeta nada…” Y esto es especialmente más curioso si se compara con la reacción mediática o ministerial ante la amenaza de otros derechos básicos como puedan ser el trabajo, la salud, la educación o la propia supervivencia en condiciones mínimas de dignidad. Cualquiera de estos derechos, que son tan básicos y necesarios al menos como la propiedad para el orden social, pueden recortarse y se están recortando sin que cunda ninguna alarma entre los bienpensantes.

Y, por si quedase alguna duda, ahí va esta otra noticia sorprendente. La excavación que coordina la Asociación Salamanca por la Memoria y Justicia en la localidad de Pedrotoro, cerca de Ciudad Rodrigo, para exhumar una fosa común de víctimas de la Guerra Civil, se ha paralizado porque la propietaria de la finca y el arrendatario exigen una fianza de 1600 euros. El juez de Ciudad Rodrigo, al que acudieron los familiares de las víctimas, ha dictaminado que corresponde a “las autoridades administrativas” resolver el problema. Pero Javier Galán, que es el Subdelegado del Gobierno en Salamanca, es decir, a quien el juez le dice que le corresponde decidir, se ha lavado las manos en el asunto y ha preferido hacer una consulta a la Abogacía del Estado. Otra vez con el sacrosanto derecho a la propiedad hemos topado. Tan sacrosanto, que ni siquiera el derecho más fundante y ancestral, el mismo al que se acogió Antígona, el de enterrar a tus muertos, puede con él.

Al menos, de la acción de Gordillo hemos sacado algo positivo y el gobierno se ha visto obligado a prorrogar la ayuda de los 400 euros. Algo es algo.

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