Antonio moreno original

La anomalía

Antonio Moreno
Lo que no podemos permitir

Los intereses creados en las agendas políticas

A falta de conocer los detalles del temible plan de recortes que tendrá que hacer el Ayuntamiento de Salamanca para hacer frente a los 17.054.127,72 ‚Ź a los que asciende la nueva deuda que contraerá para pagar a los proveedores, algunas noticias de esta semana se han unido en mi cabeza para ofrecerme una lectura de la realidad política, tan parcial y calidoscópica como cualquier otra.

Antes que nada, hay que destacar que estos 17 millones largos de euros de deuda reconocida hay que sumarlos a los que ya tiene el consistorio y que significan más del 93% del presupuesto, así que, la buena noticia para los proveedores (que podrán cobrar, aunque ya veremos en qué condiciones), seguirá asfixiando las cuentas municipales, aunque a unos más que a otros.

Las noticias son estas. La primera: El Ayuntamiento aplazará hasta junio el cierre de las sedes de las asociaciones de vecinos de Zoes, Puente de Ladrillo y El Arrabal, que son las asociaciones que están ocupando locales en alquiler. Noticia que contrasta con esta otra: El Ayuntamiento destinará 1,6 millones de los 2,5 millones previstos para arreglar la Torre de las Campanas de la Catedral. Como es lógico, la primera medida se justifica en la necesidad de ahorro en los gastos corrientes, aunque la cantidad resulte irrisoria frente a lo que va a destinarse a la Catedral; la segunda, constituye una promesa electoral del PP.

Ya hemos hablado de la diferencia con que el PP afronta las promesas electorales (Ver), porque algunos compromisos se presentan siempre como ineludibles y no pueden ni aplazarse ni descartarse, y otros ya vemos que sí. Pero, además de poner de manifiesto de forma descarada el sesgo y el perfil ideológico y conservador del equipo de gobierno, que antepone sus obligaciones con la iglesia antes que con los ciudadanos, estas decisiones poseen un perfil político preocupante. Parece como si algunas de estas promesas constituyesen compromisos previos en una agenda política y que ya estuviesen impresos antes de cualquier debate, una herencia marcada a fuego, en la que se pueden encajar otros compromisos, pero nunca sustituirlos o borrarlos. Estos compromisos previos se presentan como un fondo innegociable, previo a cualquier decisión democrática, esenciales y anclados en la naturaleza, y se verán siempre libres de recorte.

De nada sirve que la ciudadanía reclame, con la legitimidad democrática que la respalda, que ese fondo innegociable no pueden ser más que la sanidad, la educación y los derechos políticos, sociales y económicos, que nada.

En este caso, resulta especialmente curioso y sangrante, porque lo que no se ha hecho, lo que constituiría un debe del que cualquier político honesto debería pedir disculpas, no haber destinado recursos durante años a dotar a determinados barrios o zonas de la ciudad de espacios ciudadanos, sobre todo, a barrios o zonas especialmente conflictivos o con mayores necesidades, ahora se vuelve contra esos mismos barrios abandonados para sumirlos, ya no en el abandono, sino en el desierto.

La verdad es que si no aceptamos la hipótesis de la existencia de esta agenda pre-democrática en la que sólo caben pre-derechos e imposiciones, el asunto se entiende mal. O muy bien.

Para terminar otra noticia, esta vez nacional, que puede aportarnos alguna luz en este asunto: El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha impuesto una fianza de 41 millones de euros a Ecologistas en acción por paralizar las obras de la urbanización La Marina de Valdecañas, una urbanización declarada ilegal por levantarse en suelo protegido (Ver). Lo noticiable, para sorpresa de muchos, es lo elevado de la fianza, no el propio hecho que se explica, porque de estos casos está y ha estado sembrada la geografía española y la de Castilla y León no es una excepción.

Como todo, admite varias lecturas, pero no deja de resultar significativo que tres poderes del Estado (el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Gobierno de Extremadura, entonces gobernado por el PSOE, y el Parlamento Extremeño, también con mayoría socialista) aprobarán este proyecto y modificasen lo modificable, cambiando las leyes y lo que hiciese falta, para permitir a la empresa constructora convertir en realidad una macrourbanización de 183 villas, un hotel y un campo de golf. Ni tampoco sorprende que la defensa de los intereses de la ciudadanía y de la legalidad que la respalda recayesen en un grupo ecologista al que ahora le imponen una fianza imposible.

Todo resulta demasiado confuso o demasiado claro. Pero da miedo pensar de qué lado están quiénes deberían defender nuestros intereses y a la agenda que sirven.

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