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Enrique Cabero
Blog de Enrique Cabero. Portavoz de PSOE Salamanca

No al 'tasazo' judicial

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva resulta la piedra angular para la garantía real del ejercicio de todos los derechos. Por esta razón, la Constitución Española proclama en su artículo 24.1 que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Ha pasado algo más de un año desde la aprobación del llamado “tasazo judicial”, esto es, la nueva determinación de las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, con cuantías claramente exageradas y desproporcionadas, mediante la promulgación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, promovida por el ministro Ruiz-Gallardón. Con ello se ha dificultado gravemente el acceso a la citada tutela judicial en numerosos supuestos para muchas personas por razón de su nivel de renta. Si bien el Tribunal Constitucional ha admitido la posible existencia de tasas en este ámbito, su cuantía no puede impedir ni hacer difícil el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues en ese caso la ley estaría contraviniendo la Constitución. De hecho, este es uno de los argumentos que motivó la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012 por los parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

 

Los efectos de esta subida han de preocupar en todo caso y especialmente en el actual contexto de recortes y limitación de derechos. Poco o nada tiene que ver la situación económica, aunque se intente insistir en ella como explicación, y mucho la desarticulación del Estado social. Estas decisiones enlazan con otras que sí que generan consecuencias socioeconómicas sin precedentes. Así, Intermón Oxfam en su informe “Crisis, desigualdad y pobreza”, publicado hace unos meses, nos advierte de que “De seguir por la senda de la austeridad y los recortes, España llegará a los 18 millones de personas en situación de pobreza en 2022. Nos situaríamos en un 40% de pobreza en diez años, es decir, 2 de cada 5 españoles serían pobres, y el 20% de personas más ricas en España ingresarían 15 veces más que el 20% más pobre”. Recuerda este informe asimismo que “La crisis de la deuda, las políticas de austeridad y el control férreo del déficit no han conseguido nunca la recuperación de la economía o el retorno a una senda de bienestar. Se deterioran la educación y la salud y se pone en cuestión su condición de universalidad y gratuidad”. Hoy vemos también cómo se deteriora la tutela judicial.

 

Hace unas semanas el Colegio de Abogados manifestaba en los medios de comunicación, con motivo de la convocatoria de una serie de actos de protesta, su “obligación de informar a la ciudadanía de la gravedad y perniciosa incidencia de esta ley, pues la limitación del acceso a la justicia supone no sólo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino además una restricción para exigir y hacer valer todos los demás derechos". Y además, según indicaba, “en España se han recaudado por las tasas judiciales 101 millones de euros hasta el 30 de septiembre, cantidad muy alejada de la previsión del Ministerio de Justicia, que calculó que los ingresos anuales por la recaudación de las tasas ascenderían en 2013 a 306 millones de euros, frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto”. Se recauda menos porque la ciudadanía no puede acceder a la tutela judicial efectiva de sus derechos. ¡Vaya desastre!

 

Me uno a las peticiones expresadas en esta materia por el presidente del Consejo General de la Abogacía y, entre ellas, las contenidas en la carta que ha dirigido al presidente del Tribunal Constitucional para que agilice la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad interpuestos y se palíen lo antes posible los efectos muy graves que está generando el “tasazo judicial”.

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