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Enrique Cabero
Blog de Enrique Cabero. Portavoz de PSOE Salamanca

La Educación, garantía de futuro

Es la Educación, a través de un sistema educativo público, la principal garantía para un presente y un futuro en democracia, en igualdad, en libertad, en progreso social y económico, en bienestar, para la consolidación y el desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho. Basta ya de recortes en Educación y de reformas impuestas que debilitan el sistema educativo público (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9J51uXYiy8A).

En el curso que ahora termina la Educación ha padecido unos recortes sin precedentes, que han generado repercusiones directas sobre las ratios que fijan el número de estudiantes por aula, dañando gravemente la escuela rural, y sobre la dimensión de las plantillas de personal docente y de administración y servicios y sus condiciones de trabajo, y que, entre otros aspectos, han conducido a la fuerte reducción de los programas de conciliación de la vida familiar y laboral y a la desaparición de líneas de cooperación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

 

Estos recortes en Educación, aprobados en solo un año para dos ejercicios presupuestarios (de 30 de diciembre de 2011 a 28 de diciembre de 2012) han superado los 5.200 millones de euros a nivel estatal, los 500 millones de euros en Castilla y León [35 millones de euros en las Universidades públicas, sin contar la desaparición de los programas de inversiones o la reducción en la financiación de becas de investigación FPI (solo 26 para toda la comunidad autónoma) o de centros proyectos de investigación, así como la supresión de los programas de movilidad (ayudas complementarias de Erasmus  y SICUE) y de apoyo a congresos].

 

Además, debe recordarse que:

 

1) El Real Decreto-ley 20/2011 procedió a la congelación de plantillas y su posterior reducción en el sistema educativo, llegando a la prohibición absoluta de convocatoria de plazas en las Universidades públicas, pues ni siquiera se contempló la tasa de reposición del 10 por ciento.

 

2) El Real Decreto-ley 14/2012 modificó la Ley Orgánica de Universidades y posibilitó la subida de los precios de matrícula de las Universidades públicas hasta en un 66 por ciento de media, así como la reducción de las becas y ayudas al estudio.

 

3) Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2012 y 2013 mantuvieron la disminución de plantillas en el sistema educativo a través de la tasa de reposición del diez por ciento, que decidieron extender a las Universidades públicas.

 

4) Asimismo el Real Decreto-ley 14/2012 limitó sustancialmente la autonomía universitaria, reconocida por la Constitución Española en su artículo 27.10, desde los puntos de vista académico y económico-presupuestario. El resultado de estas medidas ha sido la reducción estructural de las universidades públicas y, en particular, de sus plantillas de personal docente e investigador, olvidándose de la relevancia del personal en formación para el presente y el futuro del sistema, y de personal de administración y servicios, del número de estudiantes a causa de la extraordinaria subida de los precios de matrícula y de la reducción de las becas, así como de los presupuestos para I+D+i y para inversiones en general. Este contexto negativo se ve agravado por las decisiones que también se adoptan relativas a la paralización de las nuevas especialidades de formación profesional, muy vinculadas el mundo del empleo y de la empresa, y la suspensión de las novedades diseñadas para el bachillerato.

 

Únicamente el esfuerzo de un personal vocacional cada vez peor retribuido y el sacrificio de estudiantes y familias han mantenido con dignidad el pulso cotidiano del sistema educativo. Procede por tanto exigir la derogación del Real Decreto-ley 14/2012, mal llamado de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, la retirada de la ley Wert, el cese inmediato de los recortes en la financiación del sistema educativo y la adopción, con la participación de la comunidad educativa y sus organizaciones representativas (personal docente y de administración y servicios, madres y padres, estudiantes) y de los rectorados, de las decisiones necesarias para corregir los graves daños generados por estos recortes y modificaciones legislativas.

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