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Con la verdad por delante

Gabriel De la Mora
Blog de Gabriel de la Mora en Tribuna de Salamanca.

Salamanca, Cataluña y España y los nuevos pactos constitucionales (I)

Una escasa mayoría parlamentaria de Catalunya está pretendiendo, a través de leyes emanadas de su voluntad, desconectarse de la legislación internacional, europea y española; pura parafernalia para aumentar la presión de cara a una negociación política, el terreno donde tan cómodamente se ha movido el partido del ex molt honorable y corrupto Pujol, que temporalmente ha unido sus esfuerzos a los independentistas de izquierdas de ERC y, veremos por cuánto tiempo, a las CUPs, verdaderamente la única gente coherente en todo este entierro, al que no se nos ha invitado.

El Derecho internacional público reconoce la soberanía de los Estados y la integridad de su territorio, apareciendo a partir de mediados de siglo el derecho de autodeterminación de los pueblos, en el contexto de la descolonización y tras los acuerdos tomados por las potencias vencedoras, tras la Segunda Guerra Mundial.

 

Este derecho de los pueblos ha consistido en la posibilidad de utilizar procedimientos de votación popular para que las poblaciones de los territorios coloniales pudieran optar por la independencia. Pero es difícil realizar analogía alguna con Catalunya, y ahora se hable del “derecho a decidir”, ya que el principado aragonés nunca fue una colonia de Castilla, si no parte de un reino, de los tiempos de los Estados absolutistas, que allende los siglos y por mor de casamientos y guerras, acabó en una unidad territorial y soberana, tras reformas liberales, guerras civiles y constituciones liberal-sociales; pactos de elites siempre, incluida nuestra Constitución vigente de 1978, donde las provincias euskaldunes y especialmente Navarra, la gran vencedora de todas las guerras patrias, han mantenido su status privilegiado, la hacienda foral propia y la negociación bis a bis, a la que ahora aspira la Generalitat y sus dirigentes.

 

Las elites catalanas nunca han pretendido independizarse, si no jugar a presionar para obtener mayores cuotas de poder, llegando finalmente a poner en cuestión el sudoku de la financiación del sistema fiscal común tras el estatut, a través del llamado “pacto fiscal”, esto es, menor redistribución desde las autonomías ricas a las pobres a través de un tope máximo, copiado del sistema federal alemán.

 

El pueblo de Catalunya tampoco quiere independizarse del resto de España, y menos sin que se produzcan procesos democráticos, con resultados mayoritarios que lo amparen, no hay más que ver los resultados del 27 de septiembre. Desgraciadamente, PP y PSOE han negado siempre cualquier posibilidad de consulta popular, como ha venido sucediendo por varias veces en Quebec desde hace décadas, o más recientemente en Escocia, aludiendo a una falsa apariencia de ilegalidad o inconstitucionalidad, engañando al resto de la población, por un puñado de votos en sus feudos tradicionales de Castilla y Andalucía.

 

Es evidente que si allá por finales de los años 80, los partidos del régimen, con el PSOE a la cabeza, no hubieran convertido todas las instituciones del Estado en mero reflejo de sus miserias, mediante el reparto de sus miembros por cuotas, no sería tan fácil hoy día decir que, efectivamente, la sentencia del Estatut es ilegítima, desde el punto de vista democrático. Y nadie lo puede negar. Los jueces no conforman un poder democrático, si no meritocrático, y el Tribunal Constitucional es un órgano político-jurídico, cuyas sentencias se fundamentan en buena medida en justificaciones no jurídicas si no filosóficas, cuando el Derecho internacional no está disponible para sentenciar. Filosofía política que, desgraciadamente, depende de unos partidos políticos corruptos hasta la médula y que han designado a jueces cuyos mayores méritos y  prestigio es ser precisamente designados por la gracia partidaria, sin que los partidos pongan pegas a los magistrados que los otros nombran.

 

Habida cuenta el enorme problema que se nos viene encima, no cabe otra que mirar con la suficiente altura y darse cuenta que las leyes actuales, en este momento, no son suficientes para resolver todas las cuestiones que se nos plantean. La necesidad de refundar las instituciones no es nueva, se lleva diciendo muchos años, pero nada se ha hecho, todavía.

 

Por el contrario, el PP y el PSOE, siguiendo a sus miopes líderes, han preferido dejar pudrir la situación, que solamente la ciudadanía participando podrá resolver. Estos partidos son parte del problema de déficit democrático que tenemos y dudo mucho que puedan ser parte de la solución, si no es para echarse a un lado, y dejar camino a los que vienen, cuyas ideas en esta cuestión no es que sean especialmente distintas, pero que seguramente estarán más abiertos a abrir reformas constitucionales que posibiliten la creación de espacios de encuentro, legitimados popularmente, también en Catalunya, donde se pueda debatir un nuevo modelo territorial para el Estado español, el cual, tendrá todavía muchos años de historia por delante, habida cuenta del resultado electoral de las pasadas elecciones del 27 de septiembre, donde, como digo, el independentismo catalán ha sacado el peor resultado de su historia.

 

Mi opinión es clara desde hace años, es necesario abrir un proceso constituyente, varios, para llegar a un nuevo acuerdo social e institucional. Participé activamente en el movimiento del 25S-Rodea el Congreso, coincidiendo plenamente con sus reivindicaciones de destitución inmediata del gobierno y las cortes para abrir esos procesos constituyentes radicalmente democráticos, mediante la manifestación pacífica de la ciudadanía en las calles y así intentar acabar con la dictadura de los mercados, que tanta gente está dejando por el camino.

 

Somos el país con mayores niveles de desigualdad de la Unión Europa, donde llegamos al 30% de personas en riesgo de exclusión social, mientras la corrupción política es generalizada y la protesta pacífica es contestada con multas, cárcel, policías y reformas del Estado y las leyes que fomentan cada vez más las tendencias oligárquicas de control porque las cúpulas del bipartidismo se niegan a ceder su posición hegemónica, aquí y en Cataluña. Es evidente, por tanto, la necesidad de unos nuevos pactos constitucionales, basados en grandes consensos que solucionen los graves problemas del país, empezando por la corrupción, la desigualdad y el respeto de las libertades y los derechos fundamentales, donde nada esté cerrado de antemano, y todo lo demás esté supeditado a estas cuestiones.

 

Y no como se está planteando continuamente, bajo el denunciado inmovilismo del PP y Convergencia, verdaderos artífices de la problemática situación actual, vaya, no casualmente los partidos más corruptos del país y los que más tienen que ganar con el mantenimiento del status quo.

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