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Con la verdad por delante

Gabriel De la Mora
Blog de Gabriel de la Mora en Tribuna de Salamanca.

Burorrepresión, estado penal y control social

La mediatizada demanda de mayor seguridad y protección ciudadana se han convertido en una justificación cada vez más recurrente para el endurecimiento penal y la represión administrativa, con la continua limitación de las libertades civiles, necesarias para considerar la existencia de una democracia.

Las prácticas represivas se han intensificado en todo el país en los últimos años, visibilizándose especialmente tras la recuperación del espacio público por parte de la ciudadanía, cuando calles y plazas del centro de nuestras ciudades, que hasta la fecha se encontraban colonizadas por actividades mercantiles, se han visto ocupadas por personas repartiendo octavillas, cartelería reivindicativa, mesas de firmas, actuaciones teatrales o acampadas; como las de los indignados, actividades enmarcadas dentro de la libertad de expresión y reunión, derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución.

 

Sin embargo, según la elite gobernante bienpensante de los partidos mayoritarios, cualquier actividad y ocupación de la vía pública debería de estar autorizada expresamente por el Ayuntamiento, pretendiendo así controlar y despolitizar los espacios públicos, al impedir su uso por la ciudadanía para reivindicar lo común. Ejemplo palmario de esta situación es aquel editorial de La Gaceta de Salamanca, allá por septiembre de 2011, y a cuenta de la acampada del 15M en la Plaza Mayor de la ciudad por la reforma exprés de la Constitución, sentando cátedra sobre la actual política de impedir el debate público en nuestra plaza, al explicar que nunca fue lugar lugar para ello, “ni debía serlo”, reservándose exclusivamente para el disfrute y la contemplación del vecino y el visitante; cuestiones al parecer de mayor relieve e importancia que el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía, fundamento mismo de la democracia. Y es que esta estrategia es empleada por parte de las autoridades públicas mediante la utilización del aparato administrativo y penal con el fin de excluir la disidencia y perpetuar las desigualdades sociales en el espacio común de convivencia, pues recordemos que aquella acampada se saldó con varias multas para los convocantes.

 

Esta realidad represiva no es nueva, bien lo saben en las regiones más activas del país como Euskadi y Cataluña, pero los ataques vienen incrementándose de forma continua y machaconamente en los últimos años en todos los ámbitos, produciéndose continuas reformas legislativas de las leyes de seguridad ciudadana y el código penal; buena parte de ellas fruto de la feroz competencia entre los medios de comunicación que les empuja de forma interesada y sensacionalista a transmitir una imagen distorsionada de creciente criminalidad que no se corresponde con la realidad social. Identificado este mensaje de miedo e inseguridad publicitado de forma irresponsable, los poderes públicos acaban respondiendo a las demandas, ya sea por otorgarle legitimidad democrática o por miedo a la respuesta popular inducida, lo que se ha venido conociendo como “populismo punitivo”; supuestas demandas sociales que no son tales, habida cuenta de los bajos niveles de miedo personal al delito y la moderadas actitudes punitivas de la población ante conductas delictivas concretas, que los estudios realizados demuestran.

 

Hay que recordar machaconamente que la criminalidad en España se encuentra entre las más bajas de la Unión Europea, así como la conflictividad social en las protestas ciudadanas; por el contrario, la población reclusa es muy superior a la media europea. Sin embargo, nos encontramos que las leyes mordazas del PP serán respetadas por el PSOE, que en estos días sea ha saltado nuevamente sus promesas electorales y ha rechazado derogarlas de forma íntegra, asumiendo así el modelo de política criminal represiva hacia la pobreza, la inmigración y la disidencia que representan, anunciando únicamente la purga de los preceptos de evidente inconstitucionalidad.

 

Esta situación pone encima de la mesa la realidad del Estado penal y autoritario al que estamos acercándonos cada vez más, alejándonos de aquel liberalismo que desconfiaba del poder público y propugnaba el establecimiento de controles y garantías para preservar las libertades individuales. Hace tiempo que muchos autores vienen analizando la cuestión, así, Garland (2012, 48) nos recuerda que “La demanda de protección del Estado ha sido desplazada en forma creciente por la exigencia de protección por el Estado. Garantías de procedimiento (tales como la regla de exclusión de la prueba indebida en Estados Unidos y el derecho del acusado a guardar silencio en Gran Bretaña) han sido revisadas parcialmente; las cámaras de vigilancia han pasado a ser una presencia habitual en las calles de las ciudades y las decisiones sobre fianzas, excarcelación o libertad condicional ahora son objeto de intensos cuestionamientos. En estas cuestiones el público parece estar (o se lo presenta como que está) decididamente en contra de correr riesgos e intensamente preocupado por el peligro de ser dañado por delincuentes descontrolados. Ya no parecen tener un lugar tan destacado en la preocupación del público el riesgo que representan las autoridades estatales sin control, el poder arbitrario y la violación de libertades civiles”.

 

La última y extrema consecuencia de esta realidad la estamos observando en nuestro país vecino, paradójicamente cuna de la revolución, y a cuenta de la “alarma terrorista”, donde se está discutiendo una reforma constitucional que restringirá la libertad hasta límites desconocidos. En nuestro país de pandereta todavía nos indignamos con el encarcelamiento de los titiriteros del carnaval, por supuesto enaltecimiento del terrorismo. No nos debería de extrañar por tanto la justificación que el propio jefe de la policía local de Salamanca realizaba del grupo SIETE, unidad secreta de información y vigilancia creada por el mismo, como respuesta a la actual demanda de mayor seguridad ciudadana, al no importarle a la gente, supuestamente, quien fuera el gato, con tal de que cazara ratones.

 

Esta es la realidad también de las ordenanzas de convivencia que en los últimos años se han ido implementando en distintos ayuntamientos, incluido el de Salamanca, donde en los últimos meses incluso se ha llegado a aprobar, por acuerdo unánime entre PP, PSOE y Ciudadanos, la enésima reforma que atenta contra la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad, al prohibir pasear por las vías públicas “parcialmente” desnudo y con atuendos, prendas o disfraces que pudieran ofender la dignidad de las personas, de forma genérica sin una mínima precisión; lo que por cierto es actualmente objeto de cuestionamiento judicial, a instancias del autor de estas líneas; siendo ya declarado nulo por el Tribunal Supremo la prohibición de la parcialidad del desnudo por vulnerar la seguridad jurídica, al abrir la puerta a la arbitrariedad de la policía para entrometerse en un ámbito tan íntimo como es el vestir de las personas.

 

Esta despreocupación ciudadana nos está llevando irremediablemente hacia regímenes claramente autoritarios, carentes de libertades civiles y controles ciudadanos de instituciones como la policía o los jueces, que no encuentran quien les controle y que son explícitamente apoyados por grupos políticos de distinto signo, quienes parecen defender sin remedo a quienes se les otorga una legitimidad intrínseca, basada en una supuesta cultura ética corporativa y un apoyo social al parecer incuestionable, rechazando todo control como las cámaras de vigilancia en las comisarías, la formación específica sobre derechos humanos, observatorios o comités de vigilancia ciudadana o códigos de conducta policial, que sirven a la sociedad civil para conocer qué es lo que pueden y no pueden hacer los cuerpos policiales y qué es lo que realmente hacen.

 

Por supuesto que en realidad lo que se esconde detrás de este tipo de actuaciones y explicaciones no es más que el control social y la criminalización y exclusión de lo distinto, con el fin de moldear la opinión pública y el comportamiento de la gente con el fin de servir a los intereses particulares de las elites en sus designios antidemocráticos. No corren buenos tiempos para la libertad y la democracia, pero que nadie cuente conmigo para ese viaje.

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